El encuentro estará encabezado por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, titulares de las respectivas comisiones. Si se alcanza el quórum necesario y se consigue el dictamen correspondiente, el proyecto podría quedar habilitado para su tratamiento en el recinto durante la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre.
La propuesta obtuvo un amplio respaldo en Diputados, donde fue aprobada con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Además, durante el plenario del Senado también se analizarán otras iniciativas relacionadas con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, presentadas por los senadores Anabel Fernández Sagasti y Carlos Linares.
¿Cuándo podría aprobarse en el Senado?
El oficialismo busca incorporar el proyecto al temario de la sesión ordinaria del 26 de noviembre, considerada la última prevista para el actual período parlamentario.
De conseguir dictamen durante esta semana y reunir los consensos necesarios, la iniciativa podría obtener la aprobación definitiva antes de finalizar el mes. En caso contrario, su tratamiento podría demorarse.
Los principales cambios que contempla el proyecto
La iniciativa propone modificaciones en el régimen de pensiones no contributivas, el acceso a prestaciones médicas y los mecanismos de control y seguimiento de los beneficios. Entre sus principales disposiciones se destacan:
Compatibilidad entre pensiones y empleo registrado
Uno de los puntos centrales establece que las personas que reciben una Pensión No Contributiva por Discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral formal sin perder automáticamente el beneficio.
Esta posibilidad estará condicionada a que los ingresos provenientes del trabajo no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se contempla la compatibilidad con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Continuidad de Incluir Salud
El proyecto garantiza la continuidad del programa Incluir Salud, independientemente de la denominación que pueda tener en el futuro. También prevé la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para asegurar el funcionamiento de sus prestaciones médicas.
Pago de deudas a prestadores
Otro de los aspectos contemplados es la regularización de las deudas acumuladas con los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Según la iniciativa, el cronograma de cancelación deberá darse a conocer dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley. Además, se establece un plazo máximo de 90 días desde su entrada en vigencia para completar el pago de las obligaciones.
Garantías ante la suspensión de pensiones
La propuesta incorpora mayores garantías para los beneficiarios frente a posibles suspensiones de sus prestaciones.
En esos casos, se deberá realizar una notificación formal y los titulares contarán con 60 días para presentar un descargo y solicitar la revisión de la medida. También se prevén auditorías periódicas para comprobar que se mantengan las condiciones requeridas para acceder a los beneficios.
Pensiones para mayores de 70 años
Entre las disposiciones también se incluye el otorgamiento de una pensión inembargable para personas mayores de 70 años que no estén comprendidas en un régimen previsional y cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El monto previsto para esta prestación será equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
Auditorías, capacitación y transparencia
El proyecto también contempla instancias de capacitación para los trabajadores y agentes que intervienen en la atención de personas con discapacidad, con el propósito de garantizar un trato adecuado, accesible y libre de discriminación, respetando la autonomía de los beneficiarios.
En materia de controles, se establecen auditorías para verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para conservar las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.
Por otra parte, el Ministerio de Salud deberá publicar información estadística vinculada con los recursos presupuestarios destinados al sector, la ejecución de los programas, los aranceles de las prestaciones básicas y la cantidad de personas beneficiarias de las pensiones.
Con el inicio de su tratamiento en la Cámara Alta, el proyecto ingresa en una etapa decisiva de su recorrido legislativo. La posibilidad de que sea debatido el próximo 26 de noviembre dependerá de la obtención del dictamen y de los acuerdos políticos necesarios para avanzar con su aprobación.